El diálogo interinstitucional sobre la "Realidad de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras", organizado por el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, ha permitido construir una radiografía amplia y profunda sobre la situación actual del país. Este espacio de reflexión compartida se ha desarrollado con aportes fundamentales desde diversas organizaciones e instituciones comprometidas con la seguridad alimentaria y nutricional, mostrando coincidencias claras, desafíos críticos y propuestas estratégicas que merecen una atención urgente e integral.

Entre los consensos surgidos destacan varios aspectos fundamentales. Primero, la inseguridad alimentaria y nutricional en Honduras no es simplemente un problema técnico o coyuntural, sino un fenómeno estructural complejo, arraigado en profundas desigualdades económicas, educativas, territoriales y culturales. La pobreza continúa siendo un núcleo crítico, creando círculos viciosos de malnutrición, migración forzada, violencia y exclusión social, limitando las posibilidades reales de desarrollo humano integral. En consecuencia, es indispensable avanzar hacia políticas públicas multisectoriales, interinstitucionales y territorialmente pertinentes, que no sólo respondan ante las emergencias, sino que transformen estructuralmente las condiciones de vida de la población.

La ausencia de coordinación institucional y la fragmentación en la ejecución presupuestaria, agravada por cambios constantes en las prioridades políticas, limitan seriamente la eficacia de las políticas actuales. La débil implementación normativa, la falta de articulación entre actores estatales, cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y academia, impiden aprovechar plenamente los recursos existentes y atender integralmente a las comunidades más vulnerables. Por ello, se recomienda evaluar la creación de una estructura institucional especializada—ya sea un instituto o secretaría nacional de seguridad alimentaria—dotada con recursos propios y capacidad efectiva de articulación intersectorial.

Por otra parte, se ha puesto en evidencia la importancia fundamental del enfoque de derechos humanos en la seguridad alimentaria. El reconocimiento explícito del derecho a una alimentación adecuada, tanto en la teoría como en la práctica cotidiana, debe traducirse en políticas públicas orientadas al empoderamiento comunitario, la autonomía productiva y el respeto a la diversidad cultural de los pueblos indígenas y rurales. Casos como el de Gracias a Dios y la zona sur ejemplifican la vulnerabilidad extrema frente al cambio climático, la exclusión institucional y la violación sistemática de derechos, reclamando medidas urgentes, culturalmente sensibles y jurídicamente robustas, incluso apelando a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En términos educativos y culturales, la brecha de conocimiento respecto al valor nutricional de los alimentos disponibles, sumado al alto costo de los productos en territorios aislados, exige intervenciones pedagógicas profundas, sostenibles y arraigadas en las comunidades mismas. La educación nutricional debe integrarse con firmeza en los currículos escolares y universitarios, fomentando la conciencia alimentaria desde edades tempranas y capacitando profesionales comprometidos con la realidad social y territorial del país. La investigación participativa, la producción agroecológica y la promoción del consumo local deben ser componentes estratégicos de este enfoque educativo integral.

El conversatorio también destacó experiencias valiosas como la implementación de raciones escolares frescas, la articulación comunitaria para producción sostenible, la labor de instituciones en contextos de emergencia como COPECO y el papel articulador del Programa Mundial de Alimentos, demostrando que existen prácticas exitosas que pueden servir de referencia para políticas más efectivas. No obstante, estas experiencias necesitan fortalecerse y expandirse, garantizando continuidad presupuestaria y respaldo político institucional.

En definitiva, las voces compartidas en este espacio evidencian que, aunque Honduras enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad alimentaria y nutricional, también existen capacidades, experiencias y voluntad institucional para avanzar hacia soluciones sostenibles y equitativas. Para lograrlo, es indispensable el compromiso real del Estado, acompañado por una participación activa y crítica desde la academia, cooperación internacional y sociedad civil organizada.

Finalmente, desde el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se reafirma el compromiso de dar seguimiento riguroso a las recomendaciones y aportes generados durante este diálogo. El OBSAN promoverá el fortalecimiento de la articulación institucional, impulsará investigaciones participativas en los territorios más vulnerables, y continuará proporcionando información crítica y científica a los tomadores de decisiones, con el fin último de garantizar una alimentación adecuada como derecho humano fundamental en nuestro país.